Debates y políticas feministas en las universidades

Feminist Debates and Politics at University

Daniela, Losiggio
Mariela, Solana
María Laura, Bagnato

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Resumen

El proyecto de investigación que corona con este informe y la obra colectiva Acciones y debates feministas en la universidad (Losiggio y Solana, 2021) tuvieron como objetivo principal analizar los programas y protocolos de las universidades en un sentido diacrónico y otro sincrónico. En el primer sentido, este proyecto se propuso un análisis histórico comparativo del feminismo universitario y establece distintos momentos de su historia en la Argentina. Este primer análisis sirvió de base teórica para comprender, en un sentido sincrónico, las especificidades de la situación contemporánea del feminismo en las universidades, especialmente abocado a la erradicación de la violencia de género. La investigación permitió dar cuenta del alcance de algunas de las políticas implementadas en los últimos años, así como identificar los obstáculos que se les presentan.

Palabras clave: Políticas de género, protocolos, violencia de género

Abstract

This final report, and the related collective book Acciones y debates feministas en la universidad (Losiggio y Solana, 2021), were the result of a research project whose goal was to explore the programs and protocols executed at different universities both in a diachronic and synchronic sense. With regard to the first point, we carried out a comparative historical analysis of academic feminism in Argentina and we identified different moments of its history. We then used this analysis as the theoretical background to understand, in a synchronic way, the specificities of contemporary feminism at university, particularly in the fight against gender violence. Our research allowed us to review the scope of some of the academic policies implemented in the last few years but also to identify its obstacles.

Keywords: Gender politics, protocols, gender violence

Introducción

La creación del Programa de Estudios de Género en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) (2015) y de otros programas similares en otras universidades nacionales, así como la promulgación de protocolos de actuación antes situaciones de violencia de género en las universidades se dio en un marco nacional adverso para la ampliación de derechos elementales, del mismo modo que ocurrió, en general, con la masificación del movimiento feminista nacional (emergencia del #NiUnaMenos; creación de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, conocida como RUGE, y su posterior institucionalización en el Consejo Interuniversitario Nacional; Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito). Estos avances corrieron en paralelo al ascenso del neoliberalismo y el conservadurismo político, a saber, de un lado, un proyecto de desregulación estatal, recorte presupuestario en educación, asistencia social y política de género; del otro, la emergencia de discursos conservadores contra derechos de minorías.

El proyecto de investigación que corona con este informe y la obra colectiva Acciones y debates feministas en la universidad (Losiggio y Solana, 2021) tuvo esta paradoja como punto de partida. La pregunta que guió originariamente el trabajo era de qué modo las universidades podían resistir los embates de la macropolítica sosteniendo instrumentos que promovieran la igualdad y garantizaran los derechos de las mujeres y diversidad sexogenérica. Nos proponíamos pensar los programas y protocolos de las universidades como reductos críticos, así como describir y analizar las distintas estrategias institucionales de resistencia.

Favoreció enormemente esta tarea el hecho de que cinco de las seis integrantes del Equipo Técnico de Intervención (ETI) ante situaciones de violencia en la UNAJ formaron parte de la ejecución del proyecto.

En función del objetivo planteado proyectamos articular una serie de metas específicas:

1. Realizar un estudio histórico-comparativo sobre los feminismos universitarios.
2. Sistematizar el conjunto de acciones de los nuevos programas y las áreas de género en el orden de la prevención y la sensibilización.
3. Identificar de qué modo estas acciones dialogaron, negociaron o resistieron al auge de ciertos discursos hegemónico-conservadores, especialmente los de carácter punitivista.
4. Analizar cuáles son las estrategias de abordaje de la violencia de género y las preocupaciones políticas que surgen en este abordaje por parte de las instituciones de educación superior.

A efectos de comprender el carácter novedoso de las acciones feministas en las universidades públicas, el grupo se abocó primero a la tarea de estudiar distintos momentos de la historia de las mujeres en la universidad y sistematizarlos. A estos fines, se realizaron reuniones periódicas de análisis del corpus bibliográfico existente en la materia. En estas reuniones se convocó a especialistas invitados a disertar sobre distintos aspectos del feminismo universitario (como Rafael Blanco y Daniel Jones).

Asimismo, en estas reuniones se conformó el marco teórico de la investigación que incorporó estudios históricos (Barrancos, 2007; Lobato, 2013; Nari, 2000), estudios sobre educación y género (Pecheny y Ortiz, 2010; Blanco, 2014a; Torlucci, Vazquez Laba y Pérez Tort, 2019) y estudios teóricos y del feminismo jurídico (Cuello y Morgan, 2018; Lamas, 2018; Kohan, 6 de junio de 2019; Vazquez Laba, 2017; Di Corleto, 2018).

En un segundo momento, el equipo se volcó a un trabajo de campo que incluyó el análisis y la sistematización de las acciones feministas y programas de género existentes en las universidades nacionales, sus estrategias para revisar una creciente demanda punitivista y, finalmente, dilucidar las problemáticas presentes en el abordaje institucional de la violencia, así como las posibles soluciones.

En esta instancia desarrolló un trabajo empírico de análisis de fuentes documentales y notas de campo en los encuentros nacionales y locales de la RUGE

Por último, los resultados se volcaron a artículos académicos, comunicaciones en reuniones científicas y material de divulgación.

Metodología

Teniendo en cuenta tanto los objetivos planteados, el abordaje teórico de la problemática en discusión, así como aquellos aspectos más prácticos vinculados a la elección de técnicas de recolección de información y su análisis, en esta investigación se adoptó una perspectiva metodológica cualitativa.

La investigación propuso un plan de trabajo bianual, integrado por actividades de exploración teórica del corpus bibliográfico sobre la relación histórica entre feminismo y universidad y otras actividades vinculadas al relevamiento y producción de datos sobre el abordaje institucional-universitario de la violencia de género, acompañado por diversas instancias parciales y globales de sistematización y análisis.

A estos últimos efectos, se realizaron análisis de fuentes documentales institucionales (fundamentalmente de normativas y resoluciones de órganos de cogobierno universitarios), así como también se llevó a cabo una observación participante y se tomaron notas de campo en las clínicas de casos que organizó la RUGE cuyo objetivo fue discutir las experiencias y los resultados de la implementación de los protocolos de actuación ante situaciones de violencia.

Además de las reuniones periódicas del grupo, destinadas al análisis y sistematización del corpus teórico y empírico, la actividad del equipo contempló:

1. actividades con invitades especialistas
2. jornadas especiales de subgrupos para análisis y discusión sobre resultados parciales de investigación (guiadas por la directora y codirectora del equipo)
3. la producción de una obra colectiva donde se volcaron estos resultados parciales y finales
4. la participación en congresos, jornadas y coloquios nacionales e internacionales.

Resultados

A continuación, nos ocupamos de analizar los resultados obtenidos con base en los tres primeros objetivos previstos por la investigación: la caracterización genealógica de los feminismos universitarios, las acciones y los debates de estos feminismos actualmente, así como las estrategias narrativas y procedimentales que llevan adelante las universidades contra el punitivismo. En el siguiente apartado, dedicado a discusiones y disparadores surgidos en el proyecto, analizamos los resultados orientados por el último objetivo.

Genealogía de los feminismos universitarios

Como se mencionó más arriba, a efectos de comprender el carácter novedoso de las acciones feministas en las universidades públicas, el equipo se abocó primero a la tarea genealógica y comparativa de estudiar la historia de las mujeres en la universidad. Con este objetivo, entonces, se desarrollaron reuniones periódicas de análisis de un vasto corpus bibliográfico que permitió sistematizar cuatro etapas de la historia del feminismo universitario:

1. El lugar de las maestras feministas en la configuración de un proyecto educativo nacional de inclusión de mujeres y una lengua plural (especialmente nos centramos en el debate entre Juana Manso y Domingo Faustino Sarmiento, del período de modernización de la Argentina, a fines del siglo XIX) (Barrancos, 2007).
2. La puja de feministas como Julieta Lanteri, Cecilia Grierson y Elvira López por el derecho a la educación universitaria de las mujeres en el período del centenario de la Revolución de Mayo (Barrancos, 2007; Lobato, 2013; Nari, 2000).
3. Los primeros estudios sobre género y sexualidad de principios de la década de los ochenta (Pecheny y Ortiz, 2010; Blanco, 2014a).
4. La llamada actualmente “segunda reforma universitaria”, que involucra la creación de áreas y direcciones de género y la incorporación de distintas instancias institucionales que promueven la erradicación de la violencia de género en la universidad (Torlucci, Vazquez Laba y Pérez Tort, 2019). Este momento histórico del feminismo corre aparejado con las críticas al auge del punitivismo estatal contemporáneo (Cuello y Morgan, 2018; Lamas, 2018; Kohan, 6 de junio de 2019; Arduino, 2014, 25 de abril de 2018; Segato, 2010) que impactan en la intervención institucional (Vazquez Laba, Palumbo y Fernández, 2016).

En cuanto a esta última etapa, los estudios contemporáneos sobre universidad e intimidad proveen de un marco teórico sobre la universidad como ámbito de sociabilidad. Durante mucho tiempo la universidad fue percibida como un espacio transparente y saludable, en el que no se reproducían las violencias sociales. Sin embargo, la ciudadanía universitaria se encuentra inserta en un orden patriarcal y androcéntrico. La universidad aparece, así, como un ámbito en el que las identidades sexogenéricas también están reguladas a partir de una grilla cisheteropatriarcal (Blanco, 2014a, 2014c; Radi, 2014; Radi y Pérez, 2014). Quienes no se adaptan a grillas normativas de este tipo, experimentan situaciones de discriminación, hostigamiento y violencia de género. Este hecho hace necesaria una profunda crítica al carácter heteronormativo que regula las relaciones cotidianas dentro del espacio universitario, que debe ir acompañada de la implementación de distintas herramientas de reversión de la violencia (Blanco, 2014a; 2014c).

En relación con lo anterior, los feminismos universitarios vienen llevando adelante una importante tarea de institucionalización de medidas para la reversión de las inequidades de géneros. Esta tarea recibió un fuerte impulso con la creación de la RUGE, pero también se inserta entre dos fenómenos macropolíticos que vale la pena mencionar:

1. La política de creación de universidades por parte del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), dirigida a la incorporación de sectores postergados de los estudios superiores, de fuerte compromiso pedagógico y con miras a reducir las brechas de desigualdad social en el largo plazo (entre ellas, las de género).
2. La creación de un marco normativo en torno a género y sexualidad, que también dio un lugar privilegiado al género en la agenda oficial (cabe mencionar la Ley N° 26150/06, de Educación Sexual Integral o ESI; la Ley N° 26485/09, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales; la Ley N° 26618/10, de matrimonio igualitario; la Ley N° 26743/12, de Identidad de Género, y la Ley Nº 27449/19, conocida como “Ley Micaela”).

Acciones de los nuevos programas y áreas de género en el orden de la prevención y la sensibilización

En el mencionado contexto nacional, la RUGE tuvo por finalidad original el diseño y desarrollo de políticas tendientes a erradicar las desigualdades de género y las violencias en todo el sistema universitario. Actualmente, se constituye como órgano colegiado de representación en el Consejo Interuniversitario Nacional. Hacia fines del 2017, la Red contaba con la participación de 40 facultades y 25 universidades de todo el país.

Algunos de los objetivos de la RUGE (en algunos casos de exitosos y sistemáticos resultados) son: el impulso y asesoramiento en la implementación de los protocolos de intervención, las disputas por mayor presupuesto para políticas de género en las universidades, la jerarquización de la temática de género en programas de asignaturas, el impulso de la paridad de género en los órganos de representación política, la incorporación del lenguaje inclusivo como lenguaje válido (no solo para la comunicación institucional, sino como lenguaje académico legítimo), así como la adhesión, la aplicación y el financiamiento de la implementación de la Ley Micaela.

La implementación de protocolos de acción ante situaciones de violencia o discriminación por género o sexualidad ha sido el primer y más eminente objetivo de la RUGE. Esta acción fue acompañada de un intercambio de saberes interuniversitarios, que supusieron encuentros específicos y laboratorios de casos desde el 2016 hasta el presente.

Este equipo ha recabado la totalidad de los protocolos de las universidades nacionales existentes a finales de 2019, que pasaron de ser 24 dispositivos aprobados en 2017, a ser 45 (Moltoni, Bagnato y Blanco, 2020).

Las transformaciones en el nivel de los dispositivos institucionales fueron materializando una nueva reconfiguración de la arquitectura como una variación en las formas de habitar las universidades más atentas a las diversas expresiones de género y sexualidades. En línea con las transformaciones de los espacios públicos que algunas universidades vienen llevando adelante, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por ejemplo, han desbinarizado los baños de varias de sus facultades (Blanco, 2018a). Estas iniciativas son producto de proyectos, en ocasiones, presentados por agrupaciones estudiantiles a los consejos superiores, y otras veces, institucionales (como en el caso de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA) (Vommaro y Picotto, 2010; Blanco, 2014a, 2014b, 2016a, 2016b).

Resistencia frente a los discursos punitivistas

Tras un análisis pormenorizado de la bibliografía existente a propósito de feminismo y punitivismo, hemos sistematizado una serie de ideas generales. El feminismo global ha respondido al auge de los discursos punitivistas por medio de una fuerte crítica al sistema penal liberal-republicano (Cuello y Morgan, 2018; Lamas, 2018). Sin embargo, si bien lo anterior es válido para el caso argentino (Arduino, 2014, 25 de abril de 2018; Segato, 2010), no obstante, el feminismo universitario nacional atestigua una fortísima tradición institucional, reforzada tras el proceso de transición democrática. Esto implica que la crítica al punitivismo no necesariamente deviene, en la Argentina, en un ataque al Estado o a las políticas públicas de género.

En líneas generales, hemos identificado que los nuevos programas, así como las acciones universitarias tienen más relación con la injerencia del feminismo en la tradición democrática de derechos humanos en el país, que con una contestación al auge de los discursos neoliberales que le son contemporáneos. Muchas de las científicas e intelectuales que conformaron las áreas de género en las universidades nacionales son también militantes de los derechos humanos y participaron activamente en la redacción de las leyes de protección de derechos de mujeres y personas LGBTTIQ+. Tómense por caso las influencias de Dora Barrancos (Facultad de Filosofía y Letras, UBA) en la promulgación de la Ley N° 26485, o de Martha Rosenberg en el proyecto de Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Todo lo mencionado es especialmente perceptible en el análisis de la transcripción escrita de los protocolos, que hemos analizado caso por caso. Por otro lado, el antipunitivismo aparece muy fuertemente como una preocupación en las discusiones de la RUGE y las clínicas de caso.

Este equipo participó de la clínica nacional de casos organizada por la RUGE en Rosario (2017), la asamblea general en Mar del Plata (2019) y la clínica local de casos del CPRES Metropolitano (2019).

En todos estos encuentros se tomaron notas de campo. La sistematización de estos datos (tanto de las normativas existentes como de los debates interuniversitarios actuales) arroja una contundente información sobre las narrativas jurídico-universitarias que constituyen el fundamento relativamente homogéneo (pero en constante revisión) sobre el abordaje de casos de violencia:

1. Existe un acuerdo general sobre que los protocolos institucionales de actuación ante situaciones de violencia o discriminación por sexo o género en las universidades deben trascender la sanción y poner en tela de juicio la exposición pública de agresores y personas agredidas. En todas sus transcripciones escritas, los protocolos promueven los principios de respeto de la privacidad, contención y no revictimización.
2. Se pretende que los protocolos –en tanto herramientas de intervención– funcionen como como un piso, un punto de partida para la reversión de la violencia e inequidades de género en las universidades, pero de ninguna manera como el objetivo de las instituciones de educación. Se espera que las instituciones movilicen otras acciones que promuevan la igualdad y vuelvan innecesaria la intervención.

Discusión

El último objetivo de nuestra investigación planteaba la necesidad de sistematizar los obstáculos impuestos a la plena implementación de las políticas de género en las universidades y las preocupaciones políticas por parte de los feminismos universitarios. Como ya se ha dicho, la investigación evidenció la marcada y generalizada preocupación en torno a los protocolos de actuación ante situaciones de violencia.

En octubre de 2019, en la UNAJ, se llevó adelante el primer encuentro de RUGE-CPRES Metropolitano. Este fue el tercer encuentro interuniversitario dedicado enteramente a discutir la implementación de los protocolos, pero el primero de tipo local, es decir, solo con universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los ejes del encuentro fueron:

1. medidas y estrategias de intervención ante situaciones de violencia de género
2. equipos de trabajo para el abordaje de situaciones de violencia de género
3. perspectivas de abordaje, delimitación conceptual y producción de información
4. articulaciones institucionales

Las notas de campo y el análisis de las actas finales del encuentro, especialmente a cargo de María Laura Bagnato, arrojan información sobre las principales preocupaciones en torno al abordaje de la violencia de género en las universidades.

1. En el eje sobre medidas y estrategias de intervención ante situaciones de violencias de género, encontramos algunos denominadores comunes entre las universidades:
   a) La preocupación sobre las respuestas a las denuncias de parte de quienes son denunciados. En más de un caso las personas denunciadas manifiestan que se trata de denuncias falsas que esconden persecuciones políticas.
   b) El problema de las denuncias realizadas contra personas que no son del claustro estudiantil. En el caso de docentes y no docentes la aplicación de medidas es más compleja puesto que los derechos de género pueden colisionar con los derechos laborales.
   c) La inquietud acerca de la duración de las medidas de precaución o medidas cautelares. Se piensa en la posibilidad de “repactar” las medidas adoptadas tomando en consideración la estructura semestral del calendario académico solo en caso de subsistencia del riesgo evaluado al inicio del proceso.
   d) La identificación de problemas crecientes de salud mental y la inquietud sobre cómo encarar estas situaciones en las que la violencia se enlaza con este otro problema.
   e) El problema de la adaptación entre los protocolos y las denuncias que preexisten a esta herramienta de trabajo (Bagnato, 2021).
2. A su vez, en las experiencias de implementación se producen una serie de tensiones entre las demandas de les estudiantes y los procedimientos institucionales. Diferentes nociones de justicia entran en tensión: les estudiantes exigen resoluciones inmediatas, mientras que los procesos llevados adelante por los equipos técnicos suelen llevar meses. La no-inmediatez de la resolución institucional sumada a la confidencialidad en el tratamiento de los casos suelen poner en “tela de juicio” el funcionamiento de la herramienta. Quienes se encargan de su implementación no pueden dar respuesta en el momento, por lo cual no “cumplen con las expectativas” de las personas que realizan consultas (notas de campo de la autora). Por caso, después de varios años de entrada en vigencia del Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y/o discriminación por razones de género, en la UNAJ, la confidencialidad y la sobrecarga laboral del equipo técnico han impedido la elaboración de material publicado respecto del funcionamiento de la herramienta; tampoco existen estudios sobre las formas de apropiación, alcances, dificultades y resistencias de la implementación del Protocolo; ha habido pocas campañas de difusión (producto del enorme déficit presupuestario en la Universidad) y las prácticas del escrache no han dejado de llevarse adelante. Se remarca la necesidad de financiamiento para difusión de las herramientas de intervención (Bagnato, 2021).
3. Uno de los principales problemas que se señalaron y que se repite en varias universidades es la existencia de una brecha importante entre el enfoque de quienes realizan, por un lado, la escucha y las recomendaciones y, por el otro, el enfoque de las unidades de intervención legal, es decir, la falta de perspectiva de género en les abogades. Se está haciendo fuerte hincapié en la formación en perspectiva de género de les abogades de las universidades (Ley Micaela) (Bagnato, 2021).

Los protocolos como herramientas están pensados para guiar, pautar las acciones de quienes intervienen en situaciones de violencia y no dejar lugar a la arbitrariedad. En general se elaboran para que no haya omisiones de acciones y para que contengan todas las prácticas necesarias para la intervención y el acompañamiento, pero –sin embargo– no alcanza con ellos para erradicar la violencia de género en las universidades. Se necesita de más y mejores políticas de sensibilización y formación que ataquen las violencias más estructurales como la política y la económica.

Con respecto a lo primero, las universidades vienen trabajando conjuntamente en la implementación de instrumentos paritarios para la conformación de listas para la elección de representantes en organismos de cogobierno (la UNAJ ha implementado la paridad a fines de 2018).

En cuanto a lo segundo, creemos que el aislamiento, social, preventivo y obligatorio puso en la superficie la necesidad de atacar ciertas inequidades más estructurales que atraviesan nuestra vida universitaria, especialmente en lo que respecta a la división sexual del trabajo, que coloca a estudiantes y trabajadoras de la UNAJ en situación de desventaja académica respecto de sus colegas varones. En este sentido, este proyecto propone renovarse en una investigación a cargo de María Laura Bagnato y Florencia Ríspoli hacia una política integral de los cuidados en la universidad.

Conclusiones

Las acciones universitarias feministas tienen por tema central la violencia de género. Las nuevas formas de intervención en casos de violencia crecieron en paralelo al auge de ciertos discursos punitivistas y conservadores. Sin embargo, los feminismos universitarios no se alejaron de un enfoque de derechos que ellos mismos están contribuyendo a reforzar.

Al día de hoy existen acuerdos interuniversitarios sobre ciertas narrativas jurídicas: el antipunitisvismo y la necesidad de implementar otras herramientas además de la intervención como la sensibilización comunitaria, la formación en perspectiva de géneros (Ley Micaela), la implementación de instrumentos positivos de construcción de paridades gubernamentales.

La pandemia ha puesto, sin embargo, al descubierto que las desigualdades económicas que atraviesan las universitarias requieren de políticas verdaderamente integrales. Este proyecto propone renovarse en un nuevo UNAJ-Investiga, a cargo de María Laura Bagnato y María Florencia Ríspoli, que generará insumos hacia políticas integrales de cuidados en la UNAJ y que se encuentra en línea de continuidad con proyectos adyacentes ya finalizados, a saber, un proyecto financiado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en 2015, a cargo de Losiggio, Solana, Pérez y Otero, así como el proyecto a cargo de María Pozzio (UNAJ-Investiga 2017).

 

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